La situación es grave y necesita respuestas rápidas y contundentes. Tanto como las leyes ómnibus del señor Mas. De un plumazo ha decidido cambiarlo todo, y tirar por la borda la legislación de años, negociada y pactada entre los agentes sociales y los diferentes partidos políticos. Son tantos los cambios que nadie se para a explicarlos con detenimiento, y en medio de propuestas más o menos comprensibles, se han colado medidas que cuesta entender de que manera pueden ayudar a salir de la crisis.
Las motos, por ejemplo, ya pueden adentrarse en nuestros bosques, para enfado de caminantes y excursionistas, que verán de nuevo interrumpida la paz de su paseo por el estruendo de dichos vehículos. Pinzones, jilgueros, verderones o pardillos, que hasta ahora se encontraban protegidos por la ley, ya pueden ser cazados sin problema, gracias al plumazo de Mas. Las empresas lo tienen más fácil para realizar su actividad económica, al eliminarse muchos de los requisitos medioambientales que antes, según explican, dilataban la concesión de permisos.
A las medidas tomadas por el gobierno autonómico, hay que sumar las que adoptan los gobiernos municipales. El Ayuntamiento de Castellbisbal, por ejemplo, ya ha reducido la ayuda a la cooperación al 0,27%, después de mantenerse durante muchos años en un 1% de los ingresos propios del municipio. Unos 20.000 euros menos, que en África podrían salvar centenares de vidas y que aquí servirá para pagar una parte del sueldo del nuevo cargo de confianza pactado por CiU i PSC, que cobrará casi 30.000 euros. De nada ha servido la petición de Alternativa por Castellbisbal, que considera que este cargo podría cubrirse con personal del ayuntamiento. Es el precio del nuevo pacto.
Eso si, ahora parece que habrá dinero para pagar el bus de los estudiantes de las urbanizaciones (poco más de 10 euros mensuales por niño (una fortuna). Unos 40.000 euros anuales del dinero de todos que pagará el Ayuntamiento para comprar los votos de las urbanizaciones.
También se verá afectado nuestro medio ambiente. En el último pleno, Dolores Conde, la nueva alcaldesa de facto, anunció que cambiaria el POUM, que, enfatizó, “es el más restrictivo de la comarca”. El público la aplaudió, seguramente ajeno al hecho de que precisamente ese POUM tan restrictivo es el que ha impedido que, desde el año 1992, puedan instalarse en nuestro municipio las industrias de grado 5, o sea, las más contaminantes, peligrosas y nocivas para el medio ambiente y la salud de las personas. Parece ser que la crisis también justifica deteriorar nuestro entorno y de paso nuestra salud.
Si la crisis es grave, más grave es todavía la manera en como algunos políticos sin escrúpulos - en Castellbisbal CiU i PSC - sacan provecho de ello. Mienten a la ciudadanía sin pudor y venden como interés por el pueblo lo que es pura ambición política, personal y partidista. Hay que reconocer que a algunos les ha ido muy bien la crisis.
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